El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución, mediante el cual se establece un tope directo a las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos en todos los niveles de gobierno. Conforme a la nueva disposición, dichas prestaciones no podrán exceder en ningún caso el equivalente a la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal.
La medida alcanza a organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos y entidades de los tres órdenes de gobierno, configurando un nuevo parámetro de control en materia de gasto por servicios personales.
El decreto no solo proyecta efectos hacia el futuro, sino que ordena la revisión y ajuste de pensiones previamente otorgadas que no se ubiquen en los supuestos de excepción, lo que implica una modificación sustancial de derechos ya reconocidos. Asimismo, se instruye a los entes públicos a adecuar contratos, condiciones laborales y demás instrumentos jurídicos vinculados con esquemas de retiro, a fin de alinearlos al nuevo límite constitucional, generando un proceso de armonización normativa en cascada a nivel federal, estatal y municipal.
Entre las excepciones previstas se encuentran las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias, los sistemas complementarios de carácter sindical, las correspondientes a las Fuerzas Armadas y la pensión no contributiva contemplada en la propia Constitución. Finalmente, se fija un plazo de noventa días para la adecuación de la legislación secundaria, sin posibilidad de ampliaciones presupuestarias, consolidando así el principio de austeridad y disciplina en el gasto público como eje rector de la reforma.
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