El Gobierno federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el propósito de robustecer los mecanismos de prevención, supervisión y sanción en materia de lavado de dinero.
Entre los aspectos más relevantes destacan:
- Nuevas definiciones y facultades: Se actualizan las atribuciones de las autoridades, en particular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ahora podrá realizar visitas de verificación, requerir información y sancionar incumplimientos de manera directa, sin necesidad de agotar procedimientos administrativos tradicionales.
- Obligaciones de conservación: Se establece la obligación de mantener información y documentación por un periodo mínimo de diez años.
- Avisos y reportes: Se precisan reglas para la acumulación de operaciones que detonen la presentación de avisos, así como nuevos supuestos que obligan a reportar en un plazo de 24 horas, incluso cuando la operación no se haya concretado.
- Enfoque basado en riesgos: Se refuerza este modelo, permitiendo la aplicación de medidas simplificadas en casos de bajo riesgo y creando herramientas como la lista de personas políticamente expuestas, cuya consulta será obligatoria para efectos de cumplimiento.
- Mecanismos de regularización: Se incorpora la posibilidad de reconocer expresamente incumplimientos para su regularización, y se fortalece la coordinación interinstitucional para el intercambio de información.
En conjunto, estas modificaciones consolidan un esquema más estricto de control y vigilancia sobre las actividades vulnerables, alineado con estándares internacionales y con un énfasis en la transparencia y la prevención de operaciones ilícitas.
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